Un complejo panorama judicial y financiero enfrenta Mauricio Pinilla, luego de un fallido negocio nocturno por el cual arrastra una abultada deuda desde 2019.

Dicho lío económico llevó al empresario Samy Yagoda Assael solicitar al 15°Juzgado Civil de Santiago declarar la quiebra del exjugador de la Universidad de Chile, debido al no pago  de millonarias deudas.

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Según lo informado por Pulso, la acción se suma a otra que actualmente está siendo revisada por el 23° Juzgado Civil de Santiago contra Bar Constitución SpA, institución representada por José Luis Riffo Díaz y Mauricio Pinilla, este último, en calidad de deudor.

 

ATON

 

La demanda millonaria contra Pinilla por deudas

La demanda busca la terminación del contrato de arrendamiento, la restitución del inmueble ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 362, en Recoleta, además del cobro de rentas impagas, intereses y multas. Y es que el otrora delantero de Coquimbo Unido incumplió varios compromisos contemplados en el contrato, especialmente el pago del arriendo, dado que se retrasó en al menos dos ocasiones.

La relación comercial comenzó en 2016, luego de firmar un contrato de arrendamiento con Bar Constitución SpA, representada en ese entonces por Mauricio Pinilla, que ascendió en un momento a 169 Unidades de Fomento mensuales.

Sin embargo, los problemas comenzaron en octubre de 2019, cuando el también comentarista deportivo dejó de pagar la renta y comenzó a atrasarse en los pagos de servicios como luz y agua.

Yagoda intentó tomar contacto con la contraparte, pero además de no tener éxito, descubrió que el local había sido subarrendado a terceros.

El contrato llegó a su fin en marzo de 2021, y si bien se envió una notificación para finalizar formalmente el arrendamiento, la restitución del inmueble se concretó recién en julio de 2021.

Al recibir la vivienda, se habría constatado que las mejoras pactadas en el contrato habían sido retiradas sin autorización, incluyendo el desmantelamiento de un techo que debía cumplir con las normas de seguridad, lo cual significaba un riesgo de seguridad y comprometía la renovación de patentes.

En el fallo se indicó que Pinilla y sus socios habían vendido sus acciones en Bar Constitución a un empresario nocturno. No obstante, los contratos seguían registrando a Pinilla, con lo cual se habría intentado evitar responsabilidades legales por deudas acumuladas y los incumplimientos en las condiciones de arriendo.

En 2022, el tribunal ordenó a Pinilla y Riffo a pagar las rentas devengadas desde 2019 hasta 2021, más el respectivo reajuste, sin embargo, todavía no se concreta.

La deuda supera los $300 millones, una cifra que Yagoda exige a través de una solicitud de liquidación forzosa.

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