La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), solicitaron una auditoría a la Contraloría General de la República (CGR), la que detectó pagos del IFE Laboral a personas que no cumplían con los requisitos del beneficio.
Estos ocurrieron en el periodo comprendido entre agosto de 2021 y febrero de 2022, durante la administración anterior, equivalentes a $3.500 millones.
¿Quiénes tienen que devolver el dinero del IFE Laboral?
Los resultados de la auditoría de la CGR indicaron que este bono se entregó a personas que "se encontraban contratadas por un empleador del Estado" y que no cumplían con el requisito de cesantía de al menos un mes.
Algunas de estas personas obtuvieron el IFE Laboral prestando servicio con boletas de honorarios y no con contrato de trabajo, tal como lo establecen las condiciones. Sumado a esto, realizaban labores para el Estado y quienes operen en el sector público no son candidatos para recibir el beneficio.
Por este motivo es que el Sence determinó el reintegro de los pagos a destinatarios equivocados. El plazo será de 60 días para hacerlo efectivo.