Mega Investiga se adentró en el mundo de las barberías que han proliferado en el país y a las que se acusa de ser fachada para la comisión de delitos del crimen organizado.
En marzo pasado se destapó la relación de dos integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) con una célula del Tren de Aragua, que utilizaba una peluquería en el centro de Santiago para lavar dinero proveniente de una red de prostitución.
Nicolás Ortega Castro del Departamento de Policía Internacional y Sebastián Peredo Vera de la Brigada de Robos Oriente habrían entregado información sensible a la banda, liderada por el cubano Yariel Ulloa.
La fiscal Carolina Suazo, de la Fiscalía de Alta Complejidad, indicó en este reportaje que la barbería ubicada en un edificio de Puente con Catedral "no tenía ningún tipo de movimiento en el Servicio de Impuestos Internos. Imposible establecer que era utilizada para la realización de conductas constitutivas de lavado de activos".
De acuerdo a la persecutora, la organización mantenía de manera permanente a lo menos 100 víctimas en situación de explotación sexual.
Tanto Ortega como Peredo se encuentran en prisión preventiva y desde la PDI señalaron en marzo pasado que "por la gravedad de los hechos e independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata".
La situación de las barberías en Chile
La captura de bandas como Los Trinitarios dejaron al descubierto el uso de las barberías en su red delictiva.
El fiscal Patricio Rozas explicó que "son locales en los que se puede aparentar reunión entre sujetos, conversaciones, movimiento de objetos y pueden coincidir diferentes tipos de personas con interés criminal: tráfico de drogas, puntos de venta, puntos de acopio, como también lugares donde puede gestionarse armamento de fuego".
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha mostrado en cifras el aumento de este tipo de locales. Si en 2017 eran 7.253, el número se duplicó a octubre de 2023 con 14.954, esto sin contar aquellas barberías que operan al margen de la ley.
Para el gobernador Claudio Orrego apunta al seguimiento bancario para poder desarticular este tipo de negocios. "Es momento de que el Congreso Nacional, cuanto antes, apoye la Ley de Inteligencia Financiera que permite abrir el secreto bancario de aquellas personas dueñas de ciertas actividades que se sospecha, pueden ser objeto de lavado de dinero".