Este viernes 26 de enero, en Mucho Gusto revisamos en detalle la polémica por la otorgación de pensiones de gracia del Gobierno a víctimas en el marco del estallido social.
Desde el Ejecutivo han sido blanco de críticas luego que se haya constatado que existiera quienes recibieron el beneficio y no presentaron antecedentes médicos
Lapidario informe de Contraloría
Falencias que dio a conocer Contraloría en un lapidario informe, donde, además, se acusó que no se confirmaron ni acreditaron datos de los beneficiados.
No obstante, uno de los puntos más críticos es que 58 de las 419 personas que recibieron la pensión tenían antecedentes penales por condenas. Documento en el cual, incluso, se constató de personas con más de 10 condenas por diversos delitos como estafa, tráfico, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
A lo anterior, se suman sujetos con antecedentes de producción de material pornográfico infantil y abuso sexual.
Gobierno responsabiliza a INDH
En relación a esto, el diputado Raúl Soto afirmó en Mucho Gusto que "es un horror que recursos públicos terminen en manos de delincuentes de esa calaña, de pedófilos. Es absolutamente indignante e inaceptable".
Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve explicó detalles del informe, responsabilizando al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la entrega de antecedentes penales y médicos de los beneficiarios.
"El certificado del INDH es muy explícito, donde dice que en virtud de la revisión de los antecedentes ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral", señaló.
Tras ello, el diputado Juan Antonio Coloma expresó en Mucho Gusto que "lo único que se esperaba por parte del Gobierno es que dijeran que se revocan todas las pensiones de gracia con antecedentes penales".