La Municipalidad de Quinta Normal, junto a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y la Delegación Presidencial Metropolitana, lideró el desalojo y demolición de los campamentos Yungay y La Cruz.
Ambos asentamientos irregulares están emplazados en avenida Balmaceda, en cercanías del Parque de La Familia, en terrenos de bienes de uso público pertenecientes a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
La situación se produjo luego de que la justicia decretara el desalojo de cerca de 80 familias que vivían en el sector. Vecinos acusaban que, desde aproximadamente cinco años, en el lugar se realizaban fiestas que duraban días, se generaban peleas al interior, y también había consumo de alcohol y drogas.
En este sentido, se inició la demolición de la totalidad de los inmuebles, muchos de ellos con instalación irregular de agua potable, electricidad e incluso televisión por cable. Alguno de ellos estaban construidos con material sólido y tenían hasta segundo piso.
"Hicimos un plan de trabajo que duró un año"
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, conversó con el equipo de Mucho Gusto para referirse acerca de la demolición de las diferentes infraestructuras.
"Hicimos un plan de trabajo que duró cerca de un año, y empezamos a conversar con las familias y también con las distintas instituciones del Estado", señaló.
"Le dimos subsidios por tres meses a las familias que podían ser obviamente beneficiarias de este subsidio, y quienes no podían recibir este subsidio, que son principalmente migrantes irregulares, ofrecimos un albergue que va a durar dos meses al menos, si necesitamos extenderlo, lo vamos a extender", sostuvo.
Delfino indicó que si bien hubo denuncias por tráfico de drogas, "nunca se llevó a cabo esa denuncia real ni tampoco pudimos constatarlo con las policías".
Al menos 9 inmigrantes fueron trasladados hasta una unidad de la Policía de Investigaciones (PDI) para ser sometidos a controles debido a su condición irregular en el país.